Lo primero es tener claro cómo se va a implementar. En este sentido, no se deben esperar grandes cosas de un objetivo indicativo (y por tanto no vinculante), formulado a nivel europeo y sin traducción evidente a nivel de estado miembro. Habrá que esperar a que la Comisión concrete cómo piensa ponerlo en práctica.
Pero me temo que la Comisión arrastrará los pies en este campo, igual que en el de las renovables. Apoyado por algunos países (como el Reino Unido) que defienden que no debe haber otra política que no sea la climática, creo que hay una probabilidad no pequeña de que la Comisión espere primero a ver qué pasa. Porque podría ser que este objetivo (el del 25%, y quizá también el del 30%) se alcance solo, sin necesidad de ninguna política adicional. Digo esto por tres razones:
- En primer lugar, porque si (y reconozco que es un gran si) el sistema de comercio de emisiones y el de comercio de obligaciones entre países para los sectores difusos funciona bien (algo a lo que ciertamente contribuirá el sistema de reserva de estabilidad para el mercado) y se mantiene un precio razonable para el CO2, habrá un incentivo claro para la reducción de la demanda de energía, que es más barata que otras opciones de reducción de emisiones.
- Y además de esta señal, tenemos la propia evolución tecnológica. Ya en el estudio de Economics for Energy de hace unos años estimábamos que, en ausencia de políticas adicionales, las actualmente existentes nos podrían llevar en 2030 a un ahorro del 25% sobre la demanda en ausencia de políticas de eficiencia. Y que esfuerzos adicionales, no disparatados, nos permitirían alcanzar un 20% adicional de ahorro, la mitad de ello a coste negativo.
- A todo esto hay que sumar otro factor adicional: muchos estados miembros, de forma independiente, están promoviendo políticas de eficiencia energética, por su propio interés (de ahorrar en su factura energética o de cubrirse frente a los riesgos de dependencia energética exterior). Incluso el Reino Unido, que como decía no apoyaba el objetivo europeo, tiene políticas de eficiencia que ya quisiéramos muchos.
Si combinamos todos estos elementos vemos que, al igual que pasa para las renovables, podría ser que el escenario de reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero llevara incluido una reducción de la demanda de energía igual o superior a la prevista. Y que, por tanto, alcanzar el objetivo propuesto no requiera ninguna política adicional.
¿Es esto malo? Pues como siempre, cada cual cuenta la feria como le va. Yo creo que no es malo que las posibles ganancias de eficiencia vengan en parte de la señal de precios al CO2, porque al fin y al cabo es una de las cosas que queremos lograr con la eficiencia, reducir emisiones. Y en cambio, sí sería malo seguir tratando de promover la eficiencia mediante subvenciones (por ejemplo, usando los ingresos de la subasta de permisos de emisión, una tentación habitual), tal como se plantea en trasposición de la Directiva de Eficiencia Energética. Aunque ya la he criticado en alguna ocasión, repito que un enfoque así maximiza el efecto polizón (dinero público a la basura) y el efecto rebote (falta de ahorros reales).
Por supuesto, no es el mundo ideal. En este mundo ideal, nuestros reguladores (nacionales, sobre todo, y también europeos) serían conscientes de que la señal de precios para el CO2 no basta para lograr el nivel óptimo de eficiencia, y de que hacen falta políticas de educación, de información, y también algunos estándares (con cuidadito). Pero a estas alturas yo ya estoy desengañado de mundos ideales, políticas ortodoxas, y demás cuentos de hadas…
Y para que no parezca que me escapo del tema del título, ¿lo de los efectos sobre el sector energético español? Pues de acuerdo con mi razonamiento anterior, los esperables de la política climática: una descarbonización del sector, más pronunciada aún en el sector eléctrico (al ser menos costosa), que, si no se gestiona bien, podría llevar incluso a una pérdida de competitividad de la electricidad frente a otras fuentes energéticas más contaminantes pero más difíciles de regular (en el fondo, algo que ya estamos experimentando). Desde el punto de vista de los consumidores y de la macroeconomía, también dependerá como se gestione, pero aquí me resulta útil remitirme al informe del año pasado de Economics for Energy, en el que simulábamos una reforma fiscal verde con aumento de los precios al CO2, y que resultaba en efectos casi inapreciables en la economía en todos los casos, y no tan inapreciables para el consumidor si la reforma se diseñaba mal o sencillamente no se ejecutaba.
Fuente: Flickr
