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Más transparencia en las empresas mediante la Directiva 2014/95/UE

La transparencia en temas sociales y medioambientales de las empresas es una cualidad cada vez más valorada por la sociedad y por las instituciones públicas. En el caso europeo, la Comisión Europea señalaba en 2011 la necesidad de aumentar la transparencia en este tipo de información.

El pasado 15 de noviembre se aprobó la Directiva 2014/95/UE, que modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos. Esta nueva directiva supone un paso adelante en lo relativo al reporte de aspectos ambientales y sociales de la actividad de las empresas.

Estas deberán reportar toda aquella información que resulte necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, así como el impacto de su actividad sobre cuestiones medioambientales y sociales.

También deberán informar sobre asuntos relativos al personal, derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno. La obligación de realizar la comunicación se hará efectiva a partir del 2017 para aquellas empresas que tengan de media más de 500 empleados.

Además, con el objetivo de favorecer la divulgación de la información no financiera, la Comisión elaborará, antes de diciembre de 2016, unas directrices no vinculantes que tendrán en cuenta:

  • las mejoras prácticas existentes,
  • la evolución internacional,
  • los resultados de iniciativas conexas en la Unión Europea.

Además, los aspectos ambientales de estas guías incluirán como mínimo:

Esta directiva abre la posibilidad de aumentar las exigencias por parte de los estados miembros en el momento de la transposición a la normativa nacional.

La repercusión de las actividades empresariales en la sociedad y en el medio ambiente es una información muy valiosa que clientes e inversores exigen cada vez más. Comunicar esta información es esencial para la transición hacia una economía sostenible mundial.

Por otro lado, es de esperar que esta obligación anime a algunas empresas a enmendar sus prácticas y minimizar los impactos negativos de su actividad, ya sean medioambientales o sociales.

Sin duda, esta directiva ha sido un paso muy importante a favor de una economía mundial sostenible y hacia una transparencia real de las empresas, que permita a los usuarios o a los inversores conocer el desempeño medioambiental y social.

Ahora solo queda esperar al año 2017 y a que los estados miembros comiencen a poner en marcha las transposiciones nacionales que exijan a las empresas la comunicación de esos aspectos no financieros.

Fuentes: Boletín Oficial del Estado (BOE)Flickr

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