El objetivo principal del Protocolo de Kyoto era la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero una media de al menos un 5,2%, tomando 1990 como año base para los cálculos. Eso sí, no todos los países compartían el mismo porcentaje de reducción, sino que cada país tiene sus propios porcentajes de emisión.
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Además, no todos ratificaron el Protocolo de Kyoto y, así, EEUU (uno de los países más contaminantes), por ejemplo, no lo hizo por considerar que, reducir sus emisiones le restaría competitividad frente a otras economías emergentes como China o India, que son grandes emisores y tampoco están controlados por Kyoto.
Tras diversas reuniones de seguimiento (Montreal 2005, Bali 2007, Copenhague 2012…) fue en Cancún (2010) donde la Convención acordó prorrogar los compromisos del Protocolo de Kyoto, que cubriría el período 2013-2020. De nuevo, países clave como Japón, Rusia o Canadá no respaldaron la prórroga.
EEUU tampoco lo hizo, si bien cuenta con plan de adaptación al cambio climático. El año que viene, en la Convención que se celebra en París, se reactivarán las negociaciones.
Europa, por su parte y gracias a directivas como las referidas al transporte, ofrece datos esperanzadores: los 15 países que se comprometieron han conseguido emitir en conjunto un 8% menos que en 1990. En el caso concreto de España, a pesar de que se le permitía incrementar sus emisiones hasta en un 15%, ya roza el 24%. Y podía ser peor, porque en 2004, nuestro país emitía un 53% más, pero los efectos de la crisis se han hecho notar.
Otros vecinos europeos, en cambio, sí consiguen reducir drásticamente sus emisiones, como es el caso de Alemania (25,7%), Reino Unido (25,7%) o Rumania (50,7%).
El Protocolo de Kyoto cuenta con tres mecanismos para que sea posible cumplir sus cifras sin obviar el desarrollo sostenible: el mecanismo para un desarrollo limpio (para fomentar inversión en renovables y otros proyectos verdes a cambio créditos de CO2), la aplicación conjunta y el comercio de los derechos de emisión. Precisamente éste último es una de las grandes trampas del Tratado.
La compra de derechos de emisión o, lo que es lo mismo, pagar para poder contaminar más ha llevado a España a pagar más de 800 millones de euros en derechos de emisión para poder cumplir con la primera fase de Kyoto (2008-2012). Afortunadamente, la Unión Europea ya ha querido poner freno a estos créditos que permitían comprar a por menos de 4 euros la emisión de una tonelada de CO2.
Pensar en el Tratado de Kyoto nos lleva a pensar en Gobiernos, grandes industrias y ambiciosos proyectos como los de captura de CO2, pero no olvides que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Desde nuestro día a día, con acciones como cultivar plantas y árboles que compensan las emisiones que vertemos (dos paulonias y un cerezo de Santa Lucía absorben hasta 3.000kg de CO2) hasta exigir a nuestros gobiernos que no se crucen de brazos ante el avance del cambio climático.
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