El comercio de derechos de emisión, derivado del protocolo de Kioto, se creó como instrumento contra el cambio climático, con la intención de limitar las emisiones de GEI en los distintos países participantes, permitiendo cierta flexibilidad en caso de resultar difícil su reducción. Mediante este mecanismo las empresas pagan por una cuota de emisiones contaminantes y, en cambio, otro país se beneficia de esta compra por haber ahorrado dichas emisiones.
Plan Anual de Asignación de Derechos de Emisión
Cada estado miembro de la Unión Europea tiene un Plan Anual de Asignación de Derechos de Emisión que atribuye a centrales eléctricas y otras fuentes puntuales una cuota de permisos con periodicidad anual. Los permisos se conseguían hasta hace muy poco de forma gratuita. Estos planes debían haber sido cada año más restrictivos para conseguir reducciones de emisiones pero no lo están siendo. En consecuencia, hay excesivos permisos y, por tanto, el precio de la tonelada de CO2 baja y cada vez es más barato contaminar.
El precio de los derechos de emisiones de CO2 en Europa, este año 2013, ha llegado a estar a 3,98 euros/tonelada, cifra más baja desde que este mecanismo es obligatorio. El objetivo de la política comunitaria era llegar a un precio de derechos de emisión de 20 euros/tonelada para motivar así a la industria a invertir en nuevas tecnologías que consiguieran reducir sus emisiones. Por el contrario, al estar el precio tan barato, las empresas en lugar de reducir sus emisiones las están aumentando.
Pese haber disminuido la demanda eléctrica por la crisis económica, las emisiones en 2011, aumentaron un 9,2% respecto a las de 2010. Durante el período 2008-2011 se produjo un superávit respecto a los derechos asignados del 9,3%. Muchas empresas recibieron ingresos por la venta de derechos que se les habían asignado gratuitamente y que les sobraron por la caída de la producción, pero ello no ha implicado la disminución de sus emisiones de CO2.
La combinación de los bajos precios de CO2 y la falta de objetivos ambiciosos de reducción de emisiones marcados en las cumbres del clima, han hundido el mercado de los derechos de emisión, convirtiéndolo en un instrumento inútil.
Un cambio de estrategia necesario
Para dar una respuesta adecuada a la situación, el Parlamento Europeo apoya una propuesta de congelar (“backloading”) la subasta de los 900 millones de permisos para forzar el aumento del precio de la tonelada de CO2 y fomentar así el uso de tecnologías limpias.
Esta propuesta tiene que ser aprobada en Consejo de Ministros. En España, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Miguel Arias Cañete se mantiene favorable a que nuestro país apoye la propuesta, pero los ministerios de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas también pueden ser determinantes.
Por su parte, los grupos ecologistas piden al Gobierno español una respuesta favorable al respecto. Un informe elaborado para WWF y Greenpeace plantea incluso la retirada definitiva o que se retrase la subasta hasta 2020.
Los objetivos de reducción a nivel internacional son también sumamente relevantes en este sentido, así como los incentivos a las energías renovables. Si no se implementan más energías renovables, que han sido el principal factor de reducción de las emisiones energéticas en años anteriores, no se podrán cumplir los compromisos internacionales sobre cambio climático. Además en España perdemos un sector industrial pionero en I+D+i, que disminuye nuestra dependencia energética y que genera empleo.
¿Crees que las políticas españolas y europeas van por buen camino?
Fuentes: Econoticias / Daphnia / Flickr
