Este mismo año, la FAO reconocía la labor de Argentina en sus políticas para la erradicación de la pobreza y el hambre y lo hacía, además, en el marco del Foro Internacional de la Agricultura en Expo Milán 2015.
Entre estas políticas que han contribuido a este reconocimiento destacan la Ley de Agricultura Familiar, la creación de la secretaría del área en el Ministerio o el desarrollo y promoción de la comercialización de maquinarias y herramientas propias para los pequeños y medianos productores.
Paralelamente, hay que subrayar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), que se articula en torno a cuatro grandes ejes como son las familias (con capacitación sobre alimentación sana), el abordaje comunitario (fortalecimiento de organizaciones comunitarias), la creación de huertas familiares y la educación alimentaria nutricional.
Medidas que, en esencia, buscan combatir el mayor enemigo de la seguridad alimentaria, que es el aumento de la demanda y la especulación en los precios. De hecho, la FAO estima que casi 2.000 millones de personas en el mundo –una de cada tres- utilizan más del 50 por ciento de sus ingresos para adquirir comida.
Y es que no sólo la FAO, también otros organismos internacionales como la OCDE ya han advertido que los precios agrícolas se mantendrán en una franja superior a sus valores históricos. Por citar un ejemplo, sólo los precios de los cereales o la carne se mantendrá un 20% y un 30%, respectivamente, más elevados que en la década anterior.
El problema de la falta de seguridad alimentaria no es, por tanto, un problema de escasez de alimentos a pesar del incremento de la población mundial, sino de recursos económicos. Prueba de ello es que Argentina, gracias a la soja, se ha convertido en un abastecedor indispensable de proteínas y aceites vegetales, siendo el primer exportador mundial de harina y aceite de soja. Con la producción argentina de harina proteica de soja se podrían cubrir los requerimientos diarios de proteínas durante un año de 172 millones de familias.
