La situación actual no es buena: el 75% de la Argentina está afectado por un proceso de degradación. Ello es debido a que nuestro país es uno de los más afectados por el cambio climático, con un incremento de la temperatura de medio grado en promedio en los últimos 50 años y un incremento del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde la década del 90.

Sin embargo, el Gobierno ha plantado cara a la desertificación en Argentina y ya ha puesto en marcha una serie de acciones especialmente concebidas a combatirla. Tanto es así, que ya en 1994 el Gobierno Nacional suscribió la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, teniendo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en punta de lanza con la desertificación.

A partir de ese compromiso se acuñó el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación que contó con el apoyo técnico y financiero de la FAO y el PNUMA y, entre otros logros, tiene en su haber la creación del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación. A través de este Observatorio ha sido posible identificar, homogeneizar y evaluar toda la información acerca de la desertificación en Argentina.

Además, la actividad permanente del INTA en materia de conservación de recursos naturales para la agricultura se ha intensificado en los últimos años. Una prueba de ello es el Proyecto de Prevención y Control de la Desertificación en la Patagonia cuyo radio de acción cubre desde la investigación hasta el desarrollo y la extensión para toda esta región, muy afectada por la desertificación.

A este proyecto se suman, igualmente, los diversos Programas de Acción Subregional de Lucha contra la Desertificación, entre los que podemos encontrar proyectos como el de manejo sustentable de bosques en el Ecosistema Transfronterizo del Gran Chaco Americano, en el que Bolivia y Paraguay colaboran junto a Argentina y cuentan con el apoyo de unos 7 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Entre las últimas medidas adoptadas destacan, por ejemplo, los 3,5 millones de dólares que recibirá Mendoza para luchar contra la desertificación en el NOA y Cuyo, lo que supone alrededor de 100 mil hectáreas. El plan no sólo contempla medidas estructurales para adaptar, mitigar y rehabilitar la degradación de tierras, sino que hace especial hincapié en la capacitación de las personas en las zonas rurales para poner en práctica el manejo sustentable de las tierras

Por otro lado, el Gobierno es consciente de que su acción en solitario no basta para hacer frente a esta problemática y, de este modo, se ha venido apoyando en el armado de una red de ONGs que trabajan en desertificación y promoción social en las zonas áridas.

La tierra es un recurso renovable pero solo si invertimos en la neutralización de la degradación y, definitivamente, el Gobierno está comprometido con esta causa.

 

Fuentes: Ambiente | INTA | La Nación | MDZ

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