¿Dónde acaban las computadoras, teléfonos, televisiones y todo tipo de dispositivos electrónicos que se desechan porque se han descompuesto o porque ya no funcionan correctamente? Lo más habitual es que la tecnología obsoleta acabe en tiraderos no controlados, rellenos sanitarios, ríos o lagos, o que sea exportada a otros países con leyes medioambientales aún más laxas o que simplemente carecen de ellas, donde los residuos se tiran o queman sin ningún tipo de control. La población mexicana genera 350 mil toneladas de desechos electrónicos. Solo un 10% de esos residuos se recicla convenientemente, según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Además, el total de residuos eléctricos y electrónicos no ha dejado de crecer en las últimas décadas debido a que cada vez la demanda por parte de los consumidores es mayor y a la obsolescencia programada que caracteriza a todos los productos tecnológicos.

La gestión no controlada de estos residuos tiene consecuencias en el medio ambiente y en la salud humana, que contienen diversos metales altamente tóxicos pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio o el berilio. Además de producir un importante volumen de residuos que no llegan a reciclarse, México enfrenta también este problema como país receptor de la basura electrónica de otras naciones. 

Aunque en menor medida que en países en vías de desarrollo asiáticos y africanos, también en México hay población de bajos recursos que se dedica al reciclaje clandestino de los componentes de aparatos electrónicos como medio de vida. La quema de tarjetas electrónicas, carcasas, plástico aislante del cableado y otros elementos pone en riesgo la salud de estos trabajadores al exponerse a gases altamente tóxicos producidos en el proceso de combustión, al tiempo que contribuye al incremento de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Para que la gestión de la basura electrónica deje de ser un problema para el medioambiente y la salud ciudadana deben fomentarse las buenas prácticas entre los consumidores a través de campañas de reciclaje de residuos electrónicos, pero también debe desarrollarse un marco normativo sólido y estricto que penalice las prácticas ilegales y que favorezca el desarrollo de sistemas de reciclaje prácticos y eficaces en todo México.

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