Hace unos día participé en un debate sobre los derechos de los consumidores de energía, en el que participábamos personas que tienen o hemos tenido relación estrecha con el sector energético, del sector eléctrico, del de petróleo, del de gas, grandes consumidores de energía, etc. Todos éramos conscientes y todos apoyábamos la idea de respetar con el máximo rigor los derechos establecidos tanto por la legislación comunitaria como por la nacional que tiene el consumidor. Incluso, la mayoría pensamos que una forma de pensar en positivo hacia el cliente es promover y hacer todo lo posible para que los mercados de electricidad y de gas funcionen con la máxima eficiencia y de forma transparente. Es indiscutible que para ello los consumidores necesitan disponer de la máxima información de los mercados de forma puntual y veraz.
Ante este debate, en mi cabeza rondaba una pregunta: ¿somos todos los consumidores iguales?, los productos ofrecidos por el mercado sí son todos idénticos, un Kwh es igual para todos, un litro de gasolina es igual para todos y una termia de gas es igual para todos.. Pero seguía teniendo una preocupación y así lo compartí con los tertulianos, ¿qué está pasando con los 6 millones de parados que tenemos en España, con los 2 millones de parados de larga duración que conforman las familias que tienen todos sus miembros en paro y se les acaba el subsidio?
Es bastante posible que antes de la crisis e incluso después de que pase la misma, ésta será una preocupación ¡espero! menor, pero ahora no podemos seguir considerando que el mercado resolverá todo y que los clientes somos todos iguales, teniendo en cuenta la merma de recursos económicos de muchas familias desde el 2008 hasta el 2013. En este asunto de la energía considerada como un bien básico no vale decir que todos somos iguales y que con mercados eficientes el problema está resuelto.
Cuando se lee el informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España para el 2012, surge por primera vez un capitulo donde se define qué se entiende por pobreza energética, y se hace combinando dos indicadores, uno cuando en un hogar no se puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante el invierno, y otro cuando en un hogar se destina más del 10% del presupuesto familiar a gastos en energía doméstica. La primera conclusión que se obtiene del informe es que la tasa de pobreza energética en España aumenta de forma continuada entre 2007-2008 y 2010, cambiando la tendencia a la disminución que había tenido al principio de la década. La siguiente conclusión es que para el 2010, último año estudiado, se puede estimar, dice el informe, que el 10% de los hogares españoles estaba en pobreza energética. Para los años 2011 y 2012 no se dispone de información estadística, aunque dadas las circunstancias que todos hemos vivido la situación, de cambiar, ha sido a peor.
Si esto es así, nos encontraríamos, a groso modo, que más de 4 millones de personas en España no disponen de recursos económicos para acceder una cuantía de energía suficiente que les permita disponer de una vida digna, con un confort razonable y que les evite caer en enfermedades producidas por esa falta de energía.
Y ante esto no podemos quedarnos callados, ante estas personas no vale el discurso de que hay que ahorrar y ser eficientes energéticamente. Opino que es imposible despilfarrar o hacer un mal uso de lo que no se tiene y estas personas no tienen acceso a la energía o lo tienen de forma muy insuficiente por falta de recursos económicos. Por eso corresponde en primer lugar a las Administraciones Públicas, que conocen el problema, ya que han sido ellos quienes han escrito y publicado el informe al que hago referencia, después a las empresas energéticas que bajo el paraguas de la Responsabilidad Social Corporativa deberían priorizar la resolución de estos problemas de las gentes que viven en España, y en tercer lugar la sociedad civil, los ciudadanos que no tenemos el problema y que deberíamos ser conscientes de que existe y apoyar todas las iniciativas y medidas que puedan solucionarlo vengan de donde vengan.
Quiero terminar, a modo de conclusión, insistiendo que además de respetar, como no puede ser de otra manera, los derechos de los consumidores facilitándoles con información, formación, sin coste y con medidas adecuadas, el ejercicio de dichos derechos. En España se tiene que dar un paso más. Administración, empresas y sociedad civil, deben hacer los esfuerzos y sacrificios necesarios a favor de las personas que viven a nuestro alrededor con pobreza energética, ya que opino que los consumidores, ante un bien básico como es la energía, no somos todos iguales a pesar de tener los mismos derechos.
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