Se trata de una etiqueta similar a la que ya podemos encontrar cuando adquirimos, por ejemplo, un electrodoméstico de línea blanca, como una nevera; es decir, con un código de color y letra que va de la “A” para las más eficientes a la “G” para las que produzcan más emisiones de carbono por metros cuadrados de vivienda.

Curiosamente, estos certificados energéticos excluyeron a la vivienda usada cuando entraron en vigor, incluso, a los inmuebles que formaban ya parte del mercado de compra-venta o alquiler. ¿No agradecería cualquier futuro inquilino esta información para así poder calcular cuánto le costará calentar o enfría su nuevo hogar? ¿No es razonable que las personas conozcan los puntos fuertes y débiles de su vivienda, aunque no sea de obra nueva, para poder optimizar su consumo energético? Ello no sólo mejoraría su economía familiar sino, además, ayudaría a reducir la emisión de CO2 a la atmósfera.

La Unión Europea (UE) tomó buena nota de ello y en 2010 lanzó una directiva (2010/31/UE) que obligaba a la vivienda usada a incorporar estos certificados, dando de plazo hasta el pasado 9 de julio para que los Estados miembro traspusieran la normativa a su legislación. Sin embargo, España no ha movido ficha y desde el 1 enero de este año está incumpliendo con la UE, que obliga a que cualquier casa que se vaya a vender o alquilar, sea nueva o de segundamano, cuente con su etiqueta energética.

No sólo las organizaciones ecologistas, sino la propia Asociación Española para la Calidad en la Edificación (ASECE) han elevado sus quejas al Ejecutivo. Precisamente ésta última asegura que más de 15.000 propietarios han solicitado ya presupuesto para la contratación del certificado, pero están paralizados hasta que el Gobierno se pronuncie. Y es que este certificado, con una validez por 10 años, corre por cuenta del propietario de la vivienda.

En España, el Centro Nacional de Energías Renovables, estima que cerca del 80% de los hogares españoles necesita una rehabilitación energética, algo que la etiqueta energética evidenciaría. La buena noticia es que por fin el pasado 31 de enero se presentó el proyecto de Real Decreto para la Certificación de Eficiencia Energética en Edificios en el Consejo de Estado, por lo que en el plazo de unas semanas si se tramita por la vía de urgencia podría ser una realidad.

Fuentes: Twenergy / energias-renovables.com / El mundo / mercadosdemedioambiente.com / IDAE / ASECE / Flickr

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