El impuesto sobre hidrocarburos es un canon introducido en 1993 que gravaba el consumo de aquellos productos usados como carburantes. Es uno de los impuestos regulados por la Ley de Impuestos Especiales, junto con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), entre otros. A diferencia de otros impuestos, el tributo especial que se aplica a la compra de hidrocarburos no se establece como un porcentaje respecto del coste total, sino como un pago fijo por cada litro de carburante. Está constituido por un tramo estatal y un tramo autonómico, cuyos valores varían en función del uso final del producto:

  • uso como carburante (destinado a vehículos de motor)
  • uso como combustible (para aplicaciones de calefacción)
  • otros usos, como la fabricación de productos.

Hasta el 31 de diciembre de 2012, los biocarburantes (como el bioetanol y el bioesel) y el gas natural (no utilizado como carburante), se beneficiaban de una exención de impuestos. Sin embargo, el 1 de enero de 2013, se produjo un cambio normativo por el que estos productos comenzaron a estar regidos por los mismos tipos que la gasolina y el diesel cuando se usan como carburantes.

Actualmente en España, los impuestos son responsables de aproximadamente el 50% del precio de la gasolina y el gasóleo, siendo el impuesto sobre hidrocarburos responsable de gran parte de dicha carga fiscal. La recaudación de dicho impuesto en España aumentó por primera vez en 2013 y la tendencia se mantuvo durante 2014.

La política fiscal como instrumento energético

Para satisfacer sus necesidades energéticas, España importa gas, petróleo, carbón y uranio. Actualmente la dependencia energética de España se sitúa aproximadamente en un 70%, cifra que contrasta con el valor medio de la Unión Europea del 52,3%.

Como se ha indicado anteriormente, el impuesto sobre hidrocarburos no se aplica de manera uniforme en España. Cada Comunidad Autónoma aplica un tipo impositivo distinto. No existe, por tanto, unificación fiscal a nivel nacional sobre los distintos productos energéticos. Esto dificulta la evaluación a corto plazo de la efectividad de la política fiscal sobre la configuración del modelo energético.

El aumento del gravamen del impuesto sobre hidrocarburos sobre determinadas fuentes energéticas podría impulsar el mercado de este tipo de combustibles puesto que les brinda una oportunidad para mejorar su eficiencia y mejora su competitividad. Además, podría ser un incentivo para modificar los hábitos de los ciudadanos en cuanto a movilidad privada. A los beneficios económicos se sumarían los beneficios ambientales de la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

El pasado mes de mayo se publicó la nueva Ley de Hidrocarburos, con novedades que incluyen limitaciones a los operadores petrolíferos, pasando por la creación del nuevo mercado ibérico de gas y el impulso al fracking. Dicha ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2016, incluye una limitación del 30% al volumen de carburantes que podrá vender un solo operador en cada provincia. En este complejo escenario, ¿crees que las medidas fiscales tendrán efecto a corto plazo sobre el grado de dependencia energética y los hábitos de consumo?

Fuentes: Elaboración propia / Actibva/ Energynews

Imagen: ©silencefoto/DollarPhotoClub

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