Categorías: Medio ambiente

¿Qué es la Compra Verde? Situación actual de la CCPV

Los aspectos ambientales están relacionados con los materiales y productos usados o adquiridos, los métodos y procedimientos en la ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental de proveedores y de los propios fabricantes.

La definición común europea de Compra y Contratación Pública Verde (CCPV), incluida en la Comunicación de la Comisión Europea sobre CCPV (2008) es la siguiente:

La Compra y Contratación Pública Verde es un proceso mediante el que autoridades públicas y semipúblicas deciden adquirir productos, servicios, obras y contratos en los sectores especiales con un impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida en comparación con los productos, servicios, obras y contratos en los sectores especiales con la misma utilidad básica que si se hubieran adquirido de otro modo’.

Por ejemplo en una contratación de servicios de limpieza, se tendrá en cuenta que los productos de limpieza sean ecológicos y además que el servicio se haga con el menor impacto ambiental posible (mínimo uso de agua y energía, recogida selectiva de residuos, compatibilidad de horarios de operación, etc.).

Teniendo en cuenta que la contratación pública supone el 20% del PIB de la Unión Europea y el 16% en España, se entiende el potencial catalizador que supone la adopción de esta estrategia por parte de las Administraciones.

Marco normativo y situación actual de la CCPV

A nivel Europeo, las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE sobre mercados públicos establecen el marco legislativo para la CCPV. Su transposición al ordenamiento español se materializó en la Ley 30/2007 de contratos del sector público y 31/2007 sobre procedimientos de contratación de agua, energía y transportes.

Con posterioridad, diferentes Directivas y Reglamentos Europeos han ido avanzando en los requerimientos de la CCPV (2010/30/UE sobre etiquetado, 2010/31/UE sobre eficiencia energética de los edificios, 66/2010 sobre etiqueta ecológica UE).

Finalmente, en febrero de 2014 se han aprobado las propuestas de Directivas 23, 24 y 25 sobre concesiones, contratación pública y contratación de agua, energía y transportes que en breve reemplazarán a las anteriores.

La primera iniciativa sobre CCPV en el ámbito de la Administración General del Estado fue la aprobación en 2008 del Plan de Contratación Pública Verde, con el objetivo de alcanzar en 2010 la meta establecida en la Estrategia Revisada de la Unión Europea. Se marcaba para España un objetivo del 50% de las licitaciones con criterios medioambientales (CCPV), aunque no llegó a alcanzarse entonces el 40% (informe de la UE de 2012).

En España el desarrollo está siendo lento, motivado por la falta de concienciación de la Administración y la sobreponderación del componente económico en las decisiones.

Según el estudio llevado a cabo por la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares en colaboración con la Fundación Biodiversidad (más de 200 casos entre Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos), la situación es actualmente muy dispar. Mientras que la CCPV supone apenas el 25% de las licitaciones en los municipios de más de 100.000 habitantes, en las Diputaciones Provinciales llega al 75%.

Los criterios ambientales más habituales son la utilización de etiquetas ecológicas (Ecoetiqueta Europea, FSC), así como la exigencia de sistemas de
gestión ambiental (ISO 14001, EMAS). También se incluyen criterios como la utilización de papel reciclado, jardinería de baja demanda hídrica, equipos de ofimática con clasificación energética alta, servicios de limpieza sin productos tóxicos, etc.

Sin embargo, estos criterios tienen poco peso en la decisión de contratación, como se aprecia en los resultados obtenidos:

 

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