El Gobierno francés, con el conocido texto Grenelle 1(2009) y, posteriormente con Grenelle 2 (2010), ha concienciado a la población acerca del impacto de la huella de carbono en el transporte.
El objetivo era sentar las bases de un democracia ecológica, con una clara preocupación por el cambio climático, la divulgación de la biodiversidad, la prevención de los riesgos ambientales y para la salud, así como la reducción de los desechos.
Uno de los puntos más importantes de estas normas es la disponibilidad de información para los consumidores. En este sentido, destaca la etiqueta energética para los electrodomésticos, que en 2011 sufrió una modificación a nivel europeo añadiendo:
En esta línea, resulta relevante la etiqueta energética para los coches que, en el caso francés, es obligatoria para los automóviles nuevos desde el 2006.
Otro aspecto relacionado con el acceso a la información es el cálculo de la huella de carbono. Francia obligó en el Grenelle 2 art. 75 a determinadas empresas, comunidades e instituciones públicas, a realizar y publicar un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y poner en marcha acciones para reducirlos.
En octubre de 2011, se aprobó un Decreto relativo a la información sobre las emisiones de los GEI en la prestación de servicios de transporte. A partir del 1 de octubre de 2013, es obligatorio informar a los usuarios de la huella de carbono generadas por el transporte utilizado.
El decreto determina que todos los tipos de transporte (tren, avión, barco, coches, etc.) tienen que informar a sus clientes (en la factura, en el billete o en la reserva) de la huella de carbono generada por la utilización del servicio.
La obligación no ha sido muy bien acogida por todos los sectores. Las empresas de transporte ferroviario y de transporte aéreo consideran positiva esta medida, pero las empresas de transporte por carretera no opinan lo mismo.
La principal oposición por parte de éste último grupo radica en que es un sector compuesto principalmente por PYMES o microempresas (que incluye compañías de transporte de personas, de mudanzas, taxis, coches con chófer, colectivos que se encargan de la organización de la prestación de servicios de transporte, agencias de viajes, etc.) que consideran este cálculo como una carga más de trabajo.
En España, este tipo de normativa no existe. La única opción que tienen los usuarios es recurrir a calculadoras disponibles en Internet, como la que tiene Twenergy, que te permite conocer la huella de carbono producida por tus desplazamientos habituales al trabajo o al centro de estudios.
Si la huella de carbono de transporte fuera obligatoria en todos los países, ¿Crees que tendría el mismo efecto que la etiqueta energética de los electrodomésticos?
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